Estudios Palacios Lleras

Foro: 20 años de las leyes 142 y 143 de 1994


"20 años de las leyes 142 y 143: Éxitos y retos"

Con el fin de analizar los éxitos y retos de las leyes 142 y 143 de 1994, después de cumplidos 20 años de su entrada en vigencia, Palacios Lleras en asociación con la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Estudios de Servicios Públicos, Infraestructura y TICS– CESIT llevaron a cabo el pasado 14 de agosto de 2014 en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana el Foro: "20 años de las leyes 142 y 143: éxitos y retos".

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dedicó la conferencia inaugural al papel de la SIC en las Telecomunicaciones, explicando la estructura y facultades de la entidad, así como las más recientes decisiones que ella ha tomado como autoridad de la libre competencia, como autoridad que protege a los consumidores y como administrador de justicia.

Acto seguido, el doctor Hugo Palacios Mejía, socio de Palacios Lleras y codirector del Cesit, se refirió a los subsidios en la Ley 142 y, en especial, a dos aspectos específicos del régimen constitucional y legal de los subsidios en los servicios públicos. En primer lugar, criticó la propuesta de sustituir la "estratificación" por los " avalúos catastrales" como instrumento para definir subsidios y contribuciones en servicios públicos. El Dr. Palacios destacó la inconveniencia de esta propuesta por considerar que es complicada, por su incidencia en el impuesto catastral y por la posible politización en el manejo de los avalúos. Dijo, además, que la fórmula es ajena a los criterios constitucionales requeridos para servir de base a un sistema de subsidios para los usuarios de menores ingresos. En segundo lugar, llamó la atención sobre la necesidad de un nuevo régimen legal de subsidios, auxilios o apoyos de varias clases, complementario a los de la ley 142, que permitan llevar agua, saneamiento básico, energía eléctrica y gas a las personas que viven en condiciones especiales de pobreza. Entre los favorecidos estarían quienes viven lejos de los centros urbanos, o a las que habitan en centros urbanos subnormales, las personas puestas por motivos ajenos a su voluntad al cuidado de otras (presos, enfermos); las personas en zonas de invasión o habitantes de loteos ilegales; y, por supuesto, quienes requieren un mínimo vital de agua y saneamiento, pero han incumplido con el pago respectivo. Para todas estas realidades, dijo, se requiere un tratamiento legal específico que complemente la Ley 142.


A su turno, el Dr. Alfonso Miranda, director del departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, se refirió a la competencia en los servicios públicos domiciliarios. El Dr. Miranda destacó, entre otras cosas, que la Ley de servicios públicos domiciliarios tiene el régimen especial de competencia más importante por la relevancia que tienen esos servicios en la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones más vulnerables. Sugirió que las normas de competencia de dicha ley sean reorganizadas en un capítulo especial que sea más armónico con el régimen general de libre competencia, y que elimine problemas en temas como el abuso la posición dominante.

El Dr. Julián López Murcia, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y Candidato a doctor de University of Oxford analizó el origen y desarrollo de la regulación del mínimo vital de agua en Colombia a raíz de las sentencias de la Corte Constitucional que, desde 1992, se han referido al suministro de agua potable como un tema esencialmente de derechos humanos. Esta racionalidad regulatoria ha sido aplicada por los jueces de tutela en todo el país y, más recientemente, por la Resolución 665 de 2013 de la CRA, según la cua, las personas prestadoras que implementen la opción de pago anticipado, deberán dar cumplimiento a los fallos jurisprudenciales referentes al mínimo vital. El Dr. López propuso pasar de una agencia reguladora independiente a una empresa regulatoria entre distintos niveles de gobierno, donde los reguladores no sólo sean responsables por metas económicas sino también por metas sociales o distributivas.

El Panel I, moderado por Julián López, estuvo dedicado a la Mejora en la Regulación de los Servicios Públicos en Colombia. En él presentaron sus valiosas apreciaciones los siguientes académicos:

Vanessa Suelt de la PUJ se refirió a la evolución del concepto de policía administrativa, incluyendo la aparición de policías especiales encargadas de proteger determinados bienes y servicios de actividades económicas regladas, bajo el apremio de medidas sancionatorias y reparadoras. Y abordó, puntualmente, las facultades de inspección y vigilancia en el marco de los servicios públicos en razón de la nueva concepción del Estado colombiano.

Andrés Palacios Lleras, asociado de Palacios Lleras y candidato a doctor en Derecho del University College de Londres, dedicó su ponencia a la competencia en los servicios públicos, proponiendo abordar de manera integral la protección de la libre competencia y la incidencia que tiene la Ley 142 de 1994 en el mínimo vital de los colombianos. El Dr. Palacios analizó diferentes artículos de la ley 142 de 1994 que establecen una serie de obligaciones y derechos puntuales en materia de competencia, y concluyó que lo que buscan esas disposiciones, en esencia, es que los usuarios puedan tener acceso a los servicios públicos domiciliarios, elegir entre diferentes prestadores de servicios, y cambiar de prestadores cuando tal opción esté a su alcance.

Pedro Pacheco, socio de Palacios Lleras, abordó los alcances constitucionales y legales de la regulación e invitó a estudiar el rol de comisiones de regulación y el papel de los jueces al decidir sobre la validez de los actos regulatorios.

Judith Echevarría, catedrática de la Universidad del Norte, se refirió a las funciones regulatorias de las autoridades judiciales y al impacto positivo que podría derivar del hecho de que los usuarios controlen sus consumos.

Javier Rincón Salcedo, profesor investigador de la PUJ, analizó Jurisprudencia relacionada con los servicios públicos y propuso un control ex-ante más fuerte a las empresas prestadoras para garantizar la libre competencia.

El Panel II estuvo moderado por Óscar Fabián Gutiérrez, socio de Palacios Lleras. En él se debatieron los principales problemas institucionales de las comisiones de regulación, las principales amenazas para su independencia, así como los retos y dificultades de la tarea regulatoria y en el cumplimiento de los reglamentos. El panel contó con la participación de:

Carlos Fernando Eraso, Director Ejecutivo de la CREG, quien manifestó que no existe una regla universal única en materia de diseño institucional de comisiones de regulación, puesto que mientras en algunos mercados quien regula se encarga de inspección, vigilancia y control, ese no es el caso colombiano, donde tales funciones se encuentran asignadas a la comisión y a la superintendencia, respectivamente. Para él, este no es un asunto que merezca reproche.

Pablo Márquez, Director Ejecutivo de la CRC, en cambio, criticó la falta de independencia de la CRC y la falta de convergencia funcional y de homogeneidad de criterios entre esta comisión y otras entidades con injerencia en las políticas del sector.

Por último, el Dr. Julio Cesar Aguilera, Director Ejecutivo de la CRA, se refirió a las reglas que emanan de otras entidades asociadas a la Comisión (Minambiente, Minsalud, etc.) que también hacen parte del cuerpo normativo en el sector y que afectan la norma regulatoria expedida y, por tanto, los comportamientos de los agentes que están inmersos en el mercado.

La conferencia de cierre estuvo a cargo de Ricardo Guzmán Arroyo, Secretario General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien se refirió a los 20 años de la ley de 1994 desde la perspectiva del ente de supervisión. Se refirió, entre otras cosas, a los vacíos dejados por la Ley 142 de 1994 y a la complementación que ha tenido lugar por la vía de la regulación, la doctrina y la jurisprudencia, con las remisiones a la Ley 1437 de 2011. De esta última ley, destacó el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable para adelantar actuaciones contra los prestadores de servicios públicos, pero echó de menos la existencia de un procedimiento particular y especial para la defensa de los usuarios en sede de la empresa. Propuso, para finalizar, que se reforme o actualice Ley 142 para modernizarla y para ampliar las facultades de la SSPD de manera que esta entidad pueda, por ejemplo, adoptar soluciones expeditas pero provisionales cuando encuentre circunstancias que amenacen comprometer en forma grave y urgente la prestación de los servicios públicos, así como para imponer las sanciones de que trata el artículo 81 frente a administradores de prestadores de servicios públicos.